Sobre el repudiable asesinato del ambientalista Ramiro Rivera Gómez, líder de la resistencia comunitaria contra la empresa minera canadiense Pacific Rim –perpetrado en el cantón Trinidad de Sensuntepeque, el 20 de diciembre recién pasado– es oportuno plantear algunas consideraciones preliminares.
1. La muerte de Ramiro Rivera Gómez no es aislada, ni es un delito de delincuencia común; pues sucede en el contexto de amenazas, agresiones, desapariciones, torturas y asesinato de opositores a los proyectos mineros, de los cuales el caso de Gustavo Marcelo Rivera es el más emblemático.
Estos crímenes se dan en medio de un clima de conflictividad creciente, causado por Pacific Rim, a través de la compra de voluntades, división de comunidades y promoción de actos violentos contra los activistas antimineros.
2. El asesinato de Ramiro Rivera Gómez resulta de la impunidad que impera en la zona. Seguramente la falta de justicia en la desaparición, torturas y asesinato de Gustavo Marcelo Rivera, incentivó a los asesinos intelectuales y materiales de Ramiro.
En tal sentido, no sólo es responsable Pacific Rim que genera conflictos en las comunidades y familias; sino también las autoridades policiales, fiscales y judiciales por permitir la impunidad que motiva a cometer nuevos crímenes.
3. Esta problemática en Cabañas también refleja cierta indolencia del gobierno y del propio Presidente de la República, Mauricio Funes, quien no se pronuncia sobre estos casos, a pesar de las reiteradas peticiones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y de la Comunidad Internacional. Recientemente el influyente congresista estadounidense James McGovern le pidió intervenir.
El 9 de diciembre recién pasado, líderes comunitarios de Cabañas y representantes de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica llegaron hasta Casa Presidencial para entregar a Funes una carta, que no pudo recibir porque tenía otros compromisos.
La misiva pedía, entre otras cosas, investigar a profundidad el caso de Gustavo Marcelo Rivera y aplicar medidas efectivas de seguridad para todos los ambientalistas amenazados.
Probablemente una respuesta inmediata habría evitado el asesinato de Ramiro Rivera Gómez.
Frente a tal situación, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica reiteró ayer –en conferencia de prensa– sus demandas de enjuiciar y castigar a todos los responsables intelectuales y materiales de los atentados, amenazas, asesinatos y demás crímenes contra los defensores del medioambiente en Cabañas.
También insistió en la necesidad de incluir en la lista de sospechosos de autores intelectuales de estas violaciones a los derechos humanos a la empresa minera Pacific Rim y a todos sus lacayos.
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