domingo, 19 de diciembre de 2010

LOS LEGISLADORES SALVADOREÑOS ANALIZAN LEY DE MINERIA


La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, recibió este martes a representantes de empresas mineras en El Salvador como Pacific Rim, Dorado Exploraciones, Martinique Minerals, Triada, Minera Atlas y Minera Metapán, quienes expusieron las características y beneficios de la minería metálica en el país.
Los empresarios mineros radicados en territorio salvadoreño aducen que: “los “beneficios sociales y económicos para El Salvador pueden ser convertidos en fuentes de empleo, sostenibilidad y conciencia social empresarial”, expuso Ericka Colindres, Vicepresidenta de Pacific Rim.
También explicaron experiencias de países como Panamá, Nicaragua, Chile entre otros. Según datos proporcionados por los mineros, en Chile la minería genera entre el 25% y el 30% del PIB. En el caso de El Salvador, el impuesto del 2% que generaría la minería se traduce a 18 millones anuales, siendo una contraposición a los impuestos que aportan otro tipo de empresas.
Para la Diputada Lourdes Palacios, Secretaria de Junta Directiva y Relatora de la comisión, la opinión de las empresas en cuanto a la sostenibilidad de los recursos naturales no es clara: “como lo han planteado no es sostenible, porque al hacer uso de unos recursos que no son renovables, por ejemplo las minas que tardan años en formarse, no es compatible en términos científicos con lo que han expuesto”, comentó la legisladora.
Por su parte el Diputado Rubén Orellana, Presidente de la comisión, dijo habría que esperar el análisis técnico y científico que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente: “esperemos conocer la Evaluación Ambiental Estratégica que está haciendo el ministerio, estaremos en contacto para recibir los informes de todos ustedes”, concluyó el parlamentario.
Actualmente hay tres empresas mineras en etapa avanzada de construcción listas para el proceso de extracción de metales y 7 más aún en fase de exploración en distintas zonas del país. Sin embargo, la normativa actual no les permite explotar las mismas.
Nallely Aguiluz/ Rocío Flores
NOTA DEL EDITOR
El análisis sigue su curso, más sin embargo las experiencias de otros países no pueden ser aplicadas en nuestro país, ya que la extensión territorial no es ni por cerca a la de los países antes mencionados.
Se sabe de la existencia del oro en ciertas zonas como Metapán y Texistepeque, pero su extracción estaría cntaminando el medio ambiente, estudio que los legisladores ya tienen en sus manos, por lo que extraña de sobremanera porqué es que no han puesto de acuerdo para dar una resolución en beneficio del país.

jueves, 16 de diciembre de 2010

Nos ven cara de tontos

martes 14 de diciembre de 2010



Las empresas mineras nos siguen viendo la cara de tontos. Ayer, para la indignación de algunos y la risa de otros, llegaron a la Asamblea Legislativa a plantear que el cianuro no es dañino, que el 68.8% de los ingresos de la industria minera quedaría en el país y que en los lugares donde hubo minas puede construirse turicentros.

Aunque usted no lo crea, amiga y amigo lector, esto es cierto. La representante de Pacific Rim, Erika Colindres, dijo éstas y otras falsedades a los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático que discute la aprobación de una Ley que prohíba la minería de metales.

Sin embargo, la reunión entre los legisladores y los personeros de las empresas extractivas sirvió para clarificar algo de primera importancia para el país: la verdadera postura que sobre los proyectos mineros tienen los distintos grupos parlamentarios.

ARENA, en voz del diputado Vicente Menjívar, respaldó los proyectos mineros. Este legislador de derecha afirmó que “a las empresas mineras no se les puede acusar de ningún daño”, “el país debe aprovechar los beneficios de explotar el oro” y “la minería sustentable es posible”, mientras los representantes mineros, con rostro sonriente, le escuchaban complacidos.

Con semejantes declaraciones, Vicente Menjívar toma ahora el lugar del ex pecenista Orlando Arévalo, quien impulsaba hace un par de años un proyecto de Ley permisiva de la minería que había sido elaborado, por petición de Pacific Rim, en el despacho de un conocido ex canciller de la República.

El diputado de GANA, Rodrigo Samayoa, se expresó ambiguo: Dijo que su partido está “comprometido con la defensa del medioambiente y la salud humana”, pero afirmó estar consciente de que “el país necesita recursos”, dejando entrever que está dispuesto a considerar la industria minera como posibilidad de obtención de ingresos.

El legislador del PCN, Rubén Orellana, no externó postura; pero en el pasado su partido apoyó decididamente a Pacific Rim.

Sólo los parlamentarios del FMLN, encabezados por Lourdes Palacios, cuestionaron los proyectos extractivos y emplazaron a los representantes mineros con argumentos serios.

Los personeros de Pacific Rim, Commerce Group, Minerales Morazán, Martinique Minerals y otras compañías extractivas llegaron al Parlamento en medio de la protesta de comunidades de la zona norte y organizaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica que les exigieron retirarse del país y, a los diputados, apresurar el aval de la Ley antiminera.

Ayer mismo, en horas de la mañana, las comunidades y organizaciones que rechazan la minería metálica se concentraron frente a las instalaciones del Ministerio de Economía (MINEC), a cuyo titular pidieron tomar iniciativa de ley y solicitar a la Asamblea la aprobación de la Ley contra la minería.

La nota exige al MINEC actuar consecuente con la decisión del Presidente Mauricio Funes de no permitir ningún proyecto minero y de apoyar una normativa que los prohíba.

La carta entregada al ministro Héctor Dada Hirezi también exige la suspensión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá, el cual podría facilitar las actividades mineras y permitir a las empresas canadienses demandar al Estado salvadoreño en forma más expedita que a través del CAFTA-DR.

Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente la Minería Metálica.
http://esnomineria.blogspot.com/2010/12/nos-ven-cara-de-tontos.html

lunes, 15 de noviembre de 2010

La Iglesia católica pide una ley que prohíba la explotación minera en El Salvador

La Iglesia católica salvadoreña reiteró hoy su "profunda preocupación" por la explotación minera de oro y plata con uso de cianuro y pidió la elaboración de una "ley fuerte" que prohíba esta práctica en el país.

San Salvador, EFE 14 de noviembre de 2010
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, leyó un comunicado de la Conferencia Episcopal en el que pide "se prohíba la explotación minera de oro y plata mediante cianuro, como lo tienen legislado ya otras naciones por los graves daños" al medio ambiente. EFE/Archivo
l arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, leyó hoy, durante una rueda de prensa, un comunicado de la Conferencia Episcopal en el que pide "se prohíba la explotación minera de oro y plata mediante cianuro, como lo tienen legislado ya otras naciones por los graves daños" al medio ambiente.
"Los obispos de El Salvador, desde la perspectiva de fe y velando por el bien común, expresamos hoy una vez más nuestra profunda preocupación ante el problema de la explotación de minas de metales preciosos mediante cianuro en nuestro país", destaca el documento.
El prelado explicó que la iglesia pide una "ley fuerte" que impida que continúe la explotación de minerales "como se está haciendo" y aclaró que la solicitud de los obispos no tiene "vinculación política partidista" y solo busca "el bien común".
"Estamos pidiendo que haya un cuerpo de leyes que efectivamente proteja el medio ambiente, ya la forma específica toca a los señores diputados", sostuvo el arzobispo.
El documento advierte sobre los daños "graves e irreversibles" que la contaminación por cianuro provocaría "a la flora y la fauna" salvadoreña, así como a los residentes de las comunidades cercanas a las zonas mineras.
"Como pastores levantamos hoy nuestra voz porque está en peligro la vida del ser humano, vida y salud de nuestro pueblo (...) ningún beneficio económico justifica la explotación minera (...) nada se compara con el valor de la vida humana", añade el texto.
Ambientalistas salvadoreños han reiterado la urgencia de aprobar una ley que prohíba la minería de metales en el país.

miércoles, 27 de octubre de 2010

BRASIL Y SU MENSAJE DE PRIVATIZAR EL AGUA, EMPEZANDO CON LAS REPRESAS....

Para atraer inversión
Brasileños sugieren concesionar represas
» La concesión a inversionistas privados es el mejor modelo de gestión
Nivaldi de de Castro (izq.) acompaña a Nicolás Salume, presidente de Cel, al informar sobre el desarrollo del sector en Brasil. FOTO EDH / lissette monterrosa
Daniel Choto
Lunes, 25 de Octubre de 2010
Expertos brasileños en energía recomiendan al Gobierno de El Salvador que se concesione la construcción y operación de las centrales hidroeléctricas y otros mega proyectos relacionados con el desarrollo del sector.Nivaldi J. de Castro, coordinador del grupo de estudios del sector eléctrico (Gesel), del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, destacó que también debe darse en concesión a inversionistas privados la operación de esa clase de proyectos, por periodos no menores de 30 años.
Según la experiencia de Brasil, en desarrollo energético, la construcción de centrales hidroeléctricas y de otros recursos renovables, junto a contratos de venta de energía por 30 años, son el mejor modelo de gestión que al final también inciden en la disminución de costos de la generación, traduciéndose en menores precios para el consumidor final.
Destacó que en Brasil, la política del Ministerio de Minas y Energía es dar la participación mayoritaria a los inversionistas privados, incluyendo fondos de pensiones.
De Castro añadió que el aporte del Estado a través de empresas como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) debe enfocarse en planificar los proyectos y estructurar las inversiones y consorcios de inversionistas para concesionar la ejecución de las obras, y la venta de la energía a largo plazo.
El profesional confirmó que las alianzas público privado son la mejor opción para construir mega proyectos públicos, porque una empresa sola no puede hacerlo. En este sentido, dijo que existe la posibilidad de que Electrobras venga a invertir a El Salvador para contribuir con la capacidad de inversión de la Cel, además de aportar su experiencia en el desarrollo tecnológico del sector energético.
"Esto es una prioridad del gobierno de Lula de contribuir a la integración energética entre ambos países, con base en el desarrollo de energías sustentables", aseguró.
El científico brasileño también recomendó que en el Río Lempa se pueden construir varias presas con tecnología de punta que no necesita embalses de grandes extensiones.
Añadió que Brasil está desarrollando una tecnología de construir embalses de menores dimensiones posibles, que son conocidos como "de filo de agua, en los cuales las máquinas generadoras son movidas por la fuerza de la corriente, más que por la caída del agua desde gran altura.
Por su parte, el presidente de la Cel adelantó que antes de que finalice este año, la autónoma sacará a licitación públicas la ampliación de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre.
Se instalarán dos máquinas que generarán 40 megawatts cada una, con una inversión cercana a $135 millones, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=5259297

viernes, 15 de octubre de 2010

Nuevo llamado de la iglesia a promulgar ley contra la minería

iglesia_y_mineriaNuevamente la iglesia católica se pronunció a favor de que los diputados aprueben cuanto antes la Ley de la Minería para evitar la exploración y explotación minera en el país.
“Como iglesia estamos en contra de la explotación minera, porque tenemos claro de los daños irreversibles al medio ambiente. Para la explotación minera se utiliza cianuro lo cual es altamente dañino para los hombres, los animales y las plantas”, expresó.

Abundó que el cianuro nunca deja de ser tóxico, por lo que produce graves daños.
“La posición de la iglesia no es política ni partidaria, es pastoral. En el documento de Aparecida (Brasil de 2007) el episcopado latinoamericano se pronunció contra la minería por considerarla nociva”, añadió.
En ese sentido la iglesia adopta un papel pastoral, sin importar quienes sean los que exploren y exploten los yacimientos.

“Como iglesia le pedimos a los diputados que pronto promulguen la ley, que escuchen el clamor de la gente. Si hace una encuesta se darán cuenta que la gran mayoría se opone a la explotación minera en el país”.
Actualente el país mantiene un litigio internacional con Pacific Rim, empresa que pretende explotar minas en el departamento de Cabañas.
Asimismo organizaciones sociales se han pronunciado en contra de las autoridades guatemaltecas que han aprobado la explotación minera en Monte Blanco, Jutiapa, cuyos residuos contaminantes perjudicarían el río Lempa, principal abastecedor de agua potable en El Salvador

sábado, 21 de agosto de 2010

Decretan emergencia ambiental en una zona contaminada con plomo

Publicado el: 21/08/2010 | El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador decretó la emergencia ambiental en una zona al noroeste de San Salvador, alrededor de una antigua fábrica de baterías, cerrada en 2007 por la contaminación de plomo que ocasionó.
"Hemos tomado una decisión que es declarar el estado de emergencia ambiental; esto nunca se había hecho en el país", dijo el ministro salvadoreño de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez, en una rueda de prensa, al anunciar un decreto de su cartera para adoptar medidas de mitigación.
Detalló que la zona en la que regirá la emergencia hay cerca de 700 viviendas y una población calculada en 4.000 habitantes.
La emergencia, que estará en vigor seis meses y podrá ser prorrogada, afecta a un "área comprendida dentro del radio de 1.500 metros a partir de las instalaciones de donde funcionó, hasta el año 2007, la planta de fabricación y reciclaje de baterías ácido plomo de la Sociedad de Baterías de El Salvador", detalló el decreto.
La empresa, que elaboraba la marca de baterías para automóviles Récord, operaba en un poblado rural de la ciudad de San Juan Opico (43 kilómetros al noroeste de San Salvador).
Rosa Chávez explicó que en pruebas efectuadas recientemente junto a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), se detectó que en algunos lugares había niveles de 30.000 y 40.000 partes de plomo por millón de partículas, cuando la norma establece como límite 400 partes por millón de partículas.
"Lo que estamos diciendo es que, aunque la fábrica se cerró hace algunos años, la contaminación sigue ahí", explicó el ministro a Efe.
El decreto prevé, entre otras medidas, el sellado con asfalto de las calles y caminos cercanos a la fábrica, el acordonamiento en unos 200 metros alrededor de esas instalaciones, restricción de acceso y uso de las zonas donde se detecten concentraciones de plomo que representen un peligro para la salud.
Además, el cierre de pozos artesanales donde las concentraciones de plomo superen el límite máximo permitido, así como la calificación de inhabitabilidad de las viviendas contaminadas, aunque de momento solamente se ha determinado esa situación en una casa del poblado rural Sitio del Niño, donde funcionaba la empresa.
Los lugareños han denunciado que la contaminación ocasionada por la fábrica, que fue cerrada por no contar con permisos legales de funcionamiento, puede alcanzar un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35.000 personas.
La fiscalía salvadoreña presentó en febrero de 2008 una acusación ante un juzgado en contra de tres directivos y tres empleados de la empresa Baterías de El Salvador por el delito de contaminación ambiental.
En marzo de ese año, el juez de paz del municipio occidental de San Juan Opico, Rafael Menéndez, pidió la detención de los directivos Ronald Lacayo Argüello, Sandra Lacayo de Escapini y Ofilio Gurdián Lacayo y el embargo de 141 millones de dólares.
Fuentes judiciales explicaron a Efe que el caso pasó a la fase de instrucción, en la que el juez ordenó el inicio de un juicio por considerar que existe suficientes elementos de prueba contra los imputados.
Aclararon que los tres directivos imputados están prófugos y los tres empleados con medidas cautelares se presentan regularmente al juzgado.
La próxima vista en este caso será el 23 de agosto de este año. (EFE)

sábado, 1 de mayo de 2010

ESTA ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA DE LAS MINERAS


Radio Real

Descargar: MP3 – 5.5 MB

Minera canadiense demanda a El Salvador frente al CIADI

La empresa canadiense Pacific Rim ha sido denunciada en El Salvador por el asesinato de tres ambientalistas opositores a proyectos de extracción minera a cielo abierto, crímenes que todavía permanecen impunes.

Lejos de asumir cualquier responsabilidad por esos episodios, la corporación instalada en el departamento de Cabañas decidió recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, para demandar al Estado salvadoreño por 100 millones de dólares.

Pide esa indemnización, según ha trascendido, porque las autoridades le negaron un permiso de explotación de la mina de oro El Dorado, que ha recibido duras críticas por parte de la población que se vería afectada.

Algunas mineras instaladas en El Salvador intentan utilizar los compromisos asumidos en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA por sus siglas en inglés) para presionar al Estado salvadoreño, según difundió el diario Colatino, y conseguir así que les otorguen permisos de explotación en trámite.

Ese medio sostiene además que la embajada canadiense "cabildea a favor de Pacific Rim" en este diferendo, entre otras cosas porque el gobierno de Canadá impulsa un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, que podría beneficiar a las compañías extractivas instaladas en esa región.

Todo el asunto fue analizado con preocupación por las organizaciones sociales que participaron en el foro internacional “Empresas Mineras en Mesoamérica: ¿Desarrollo Sostenible o Amenaza a la Soberanía?”, efectuado en San Salvador, la capital del país.

“Como no consiguen permisos quieren nuestros dineros. Eso es una extorsión”, se queja la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, en una producción radial de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES). En ese trabajo denuncian además las amenazas que reciben los periodistas que le dan seguimiento a los conflictos sociales generados por la minería, y plantean un escenario hipotético de tener un fallo favorable para El Salvador en el CIADI, lo que generaría un antecedente auspicioso para otros casos que se dirimen en ese ámbito, predilecto para las trasnacionales.

Fuente: http://www.radiomundoreal.fm/A-modo-de-extorsion
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104940

viernes, 16 de abril de 2010

Empresa minera presenta demanda millonaria contra el Estado salvadoreño


La demanda ha sido presentada por la empresa Pacific Rim ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Beatriz Castillo | Argenpress/ Colatino
La demanda por 100 millones de dólares que la empresa minera Pacific Rim mantiene en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), podría quebrantarse a criterio del experto en arbitrajes Marcos Orellana.

A criterio del experto y director del Center for Internacional Environmental Law (CIEL), la demanda de Pacific Rim no tiene “solidez” y tiene varias “falencias”.

“Una de ellas es que la solicitud de arbitraje no contenga un examen detallado de los hechos que se espera ventilar en el arbitraje, eso es una desventaja del inversionista y de su demanda, eso se convierte en una ventaja para el Estado salvadoreño” explica.

Además, existe otra ventaja para el Estado, ya que el Derecho Internacional reconoce que El Salvador tiene la capacidad de regular para la protección ambiental y la defensa de los derechos humanos de las poblaciones; lo que le permite negarse a avalar algún tipo de proyecto que se vuelve un atentado en estos dos temas.

Según la información que se maneja, la empresa minera pide a el Estado salvadoreño una “indemnización de 100 millones de dólares por haberle negado el permiso de explotación de la mina el Dorado, en San Isidro Cabañas”.

Hasta la fecha, el CIADI ha pedido a las partes involucradas que nombren a sus respectivos defensores en el proceso, pero aún no designa a los árbitros que llevarán ni las fechas para las audiencias.

Mientras se fijan las fechas, el CIEL organización con experiencia en arbitrajes, evalúa presentar un escrito de “Amicus Curiae” ante la CIADI, para que en el juicio, las organizaciones aglutinadas en la “Mesa Nacional Frente a la Minería” pueden tener voz en el proceso.

“El Tribunal tiene la facultad de recibir este escrito por parte de las organizaciones, para que puedan presentar perspectivas que ayuden al tribunal a mejorar y decidir la controversia”, explica Orellana.

Una petición de este tipo se permite cuando las partes en conflicto involucran a una de interés público, como es el caso de El Salvador, por lo que se espera una respuesta favorable ante la petición.

En una evaluación hecha por el experto sobre la demanda de Pacific Rim, y una segunda hecha por Commerce Group, las empresas mineras están tratando de utilizar el CAFTA para presionar al estado de El Salvador, para que le otorgue permisos a los cuales no tiene derecho.

Si en El Salvador existe una ley que regula el tema de la minería para la protección ambiental y el derecho de las comunidades, y si los inversionistas no cumplen con los requisitos, entonces de acuerdo a la ley no tienen derecho.

El CAFTA no puede ser utilizado como herramienta de presión, afirma el experto que participó en un Foro Mesoamericano de Minería.
Más información:
www.kaosenlared.net/noticia/empresa-minera-presenta-demanda-millonaria-contra-estado-salvadoreno

viernes, 5 de marzo de 2010

¡Que funcionario! Si estuviera en Argentina podría ser intendente de Abra Pampa o gobernador de San Juan....

Denuncian al alcalde por permitir tiradero de ripio en el volcán -Mejicanos-

Mirna Jiménez
Redacción Diario Co Latino

El Comité Coordinador Interco-munal (CCI), denunció al alcalde del municipio de Mejicanos, Blandino Nerio, por permitir que se tire ripio en el volcán de San Salvador, poniendo en peligro la vida de la gente al generarse contaminación y deslaves.

«Ya se quienes son esos babosos», fue lo único que habría dicho el edil, según los quejosos, quienes temen que tanto descuido lleve a que se dé otro deslave y que deje decenas de muertes como lo sucedido en La Colonia Montebello de Mejicanos en 1982.

En el lugar tiran ladrillos, cemento, duralita y otros materiales, que ya no se utilizan, denunciaron los habitantes, quienes lamentaron que hasta ahora no hay obras de mitigación en el «Picacho» de San Salvador, luego de varios deslizamientos de tierra.

El volcán de San Salvador hizo erupción hace más de un siglo, los expertos aseguran que este promedio de tiempo es lo frecuente. A las orillas del mismo se encuentran ubicadas cientos de colonias que quedarían destruidas en caso de una erupción o de un deslave generado por diversos factores.

Denunciaron además que varias empresas están cortando árboles y se desconoce si tienen permiso para hacerlo, en ese sentido solicitaron a las autoridades correspondientes investiguen antes que pase una desgracia como las que suelen suceder en el país.

«Queremos que el gobierno tome en serio los deslaves anteriores para evitar desgracias, les pedimos que empiecen a trabajar, nosotros tenemos miedo», dijo Gustavo Ramos coordinador del comité.

Según dijeron, desde 1984 han recibido promesas del Ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente, Viceministerio de Vivienda, Protección Civil, alcaldía municipal, sin que hasta ahora se haya realizado una inspección seria sobre las condiciones del volcán respecto a su vulnerabilidad ecológica.

En tanto pidieron, parar la deforestación, realizar obras de protección con maya de acero, retiro de escombros y materiales, detener proyectos ejecutados sin debida autorización, aplicar la ley para quienes hayan talado sin los permisos entre otras cosas.

Ramos dijo que la alcaldía es el referente principal al cual acuden pero hasta ahora la comuna de Mejicanos ha mostrado poca preocupación por lo menos en lo que a ellos les compete como por ejemplo la tiradera de ripio.

http://www.diariocolatino.com/es/20100304/municipalismo/77474/

domingo, 28 de febrero de 2010

La Resistencia Popular en El Salvador y Los proyectos mineros

Foto: Geovani Montlavo; tomada en la vigilia de solidaridad con las familias y organizaciones en persecucion en Trinidad, Cabañas.

Henry Barillas

Comparto un reportaje muy completo que resume la problemática ambiental y social que la exploración minera en El salvador ha causado y está causando que encontré en la página web de masvoces.org, también comparto un reportaje y un comunicado de ADES Santa Marta, Asociación que ha liderado parte de la resistencia en contra de la explotación Minera en Cabañas en El Salvador que el foro del agua compartió vía correo electrónico con muchos de sus contactos.

Reportaje: El conflicto minero en El Salvador

Según las Naciones Unidas, El Salvador es el segundo país más deforestado del continente americano y el último por acceso al agua, además de ser el país con más densidad de población de toda América.

Varios estudios científicos han demostrado la inviabilidad de la industria minera en El Salvador. Los daños económicos, sociales y ambientales han causado un gran movimiento ciudadano en oposición a los proyectos de explotación minera.

La Iglesia católica, ONGs y expertos salvadoreños e internacionales han soportado la resistencia de la ciudadanía en contra de la explotación minera que ha convertido a El Salvador en el primer país del mundo donde se ha parado la explotación minera.

La resistencia ciudadana a la minería de oro, reunida en torno a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica ha recibido premios en reconocimiento a su labor en defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, las empresas Pacific Rim, de capital canadiense, y la Commerce Group, de Estados Unidos, siguen presionando por conseguir los permisos de explotación y han interpuesto una demanda al Estado salvadoreño frente a un Tribunal Internacional de resolución de conflictos económicos. Cada empresa exige que El Salvador pague 100 mil millones de dólares por no dejar explotar los minerales de su subsuelo.

Esta no es la única forma de presión. En los últimos meses, tres ecologistas de Cabañas han sido asesinados. En julio, del 2009, Marcelo Rivera, líder de la resistencia ambiental en San Isidro fue desaparecido y asesinado. Su cuerpo se encontró en un pozo con claras señas de tortura. El movimiento ciudadano empieza entonces a pedir justicia por el asesinato de Marcelo Rivera, que las autoridades atribuyen entonces a delincuencia común.

A partir del asesinato de Marcelo empieza en Cabañas un clima de terror. Otros activistas contra las mineras reciben amenazas de muerte, intento de secuestros y atentados con arma de fuego. Como parte de su labor periodística, la Radio Victoria, una radio comunitaria de Cabañas, informa a la población acerca de estos delitos y sobre los daños que causaría la explotación de oro. En julio, el sacerdote Luis Quintanilla, también parte del movimiento ciudadano en defensa del derecho a un medioambiente sano, es víctima de un intento de desaparición forzada.

En diciembre pasado, Ramiro Rivera y Dora Sorto, dos destacados líderes del movimiento anti-minería pierden la vida, asesinados con arma de fuego. Dora, madre de seis hijos, estaba embarazada de 8 meses, fue disparada por la espalda mientras cargaba a su hijo de dos años.

Organizaciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Amnistía Internacional y Human Rigth Watch se han pronunciado para la protección de los activistas de El Salvador y para el esclarecimiento de los asesinatos. Sin embargo, las autoridades salvadoreñas de momento no parecen capaces de garantizar el derecho a la libre expresión, a la Justicia y a la vida de sus ciudadanos y ciudadanas.

Por eso, los movimientos sociales salvadoreños han puesto en marcha una campaña internacional promoviendo dos acciones de presión en las que cualquiera puede participar, desde cualquier país, de manera sencilla. La primera consiste en enviar un correo al fiscal salvadoreño Rodolfo Delgado (radelgado@fgr.gov.sv) para solicitar investigaciones exhaustivas sobre los autores materiales e intelectuales de las amenazas y asesinatos. Y la segunda consiste en llamar telefónicamente a la oficina de Barbara Henderson (EEUU +1 888 775 70 97; Canadá +1 604 689 1976), vicepresidenta de inversionistas de la empresa minera Pacific Rim para reclamar el respeto a la decisión salvadoreña de no permitir la explotación minera y la inmediata retirada de la empresa de El Salvador.

La crisis financiera internacional impulsó el alza de los precios del oro que en el 2009 llegó a su récord histórico de 1200 dólares la onza. ¿Pero sabes cuál es el costo humano de esta especulación? Profundizamos en el caso de El Salvador en el siguiente reportaje en colaboración con la Asociación Desarrollo Económico y Social, ADES, de El Salvador.




Comparto también el Comunicado de La Asociación de Desarrollo Económico y Social de El salvador, ADES; sobre los asesinatos de ambientalistas en Cabañas:




Pero en esta batalla no esta perdido algo insólito en la historia de las luchas sociales está muy cerca de suceder en El Salvador.

LA TRASNACIONAL PACIFIC RIM HA ACEPTADO UN DEBATE PÚBLICO CON QUIENES NOS OPONEMOS A LA MINERIA.

EL DEBTA TENDRÁ LUGAR EL DIA MARTES 2 DE MARZO A LAS 7:00 AM. HORA SALVADOREÑA Y SERÁ TRANSMITIDO POR EL CANAL 12 DE TELEVISIÓN (TAMBIEN SE PUEDE VER EN LA INTERNET)

No conocemos quien asistirá en representación de la empresa, probablemente su Director, pues está en el país desde hace algunos días.

Por el lado de los buenos asistirán:

Francisco Pineda: Reconocido líder comunitario, quien ha sufrido múltiples amenazas e intentos de asesinato, debido a su lucha valiente contra la minería, actualmente Francisco cuenta con protección de la Policía Nacional Civil, porque su vida corre peligro.

Ricardo Navarro: Histórico ambientalista salvadoreño, con excelentes habilidades para la comunicación y con conocimientos científicos sobre minería, cambio climático y otros temas ambientales.

Se trata de un debate nunca antes visto, pues las empresas trasnacionales como la Pacific Rim, siempre han actuado en la oscuridad y ahora por alguna razón han decidido salir a la luz y discutir las cosas como debe ser, de frente.

NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE EN EL SALVADOR; NO A LOS PROYECTOS MINEROS!!!

jueves, 4 de febrero de 2010

Organizaciones internacionales exigen investigaciones profundas en caso minería

Beatriz Menjívar
Redacción Diario Co Latino

Organizaciones sociales internacionales de derechos humanos, ambientales, religiosas y sindicales entregaron una carta dirigida a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir una investigación imparcial y profunda.

Las más de 140 organizaciones firmantes exigen a la FGR y al Presidente de la República una “pronta justicia” a fin de dar con los autores materiales e intelectuales de los crímenes de los ambientalistas Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto, esta última con ocho meses de embarazo.

Emily Carpenter, Directora Nacional de Ciudades Hermanas de El Salvador y Estados Unidos, afirma que hasta el momento “el fiscal del caso, Rodolfo Delgado, se ha mostrado incapaz de abogar por los derechos de las víctimas” por lo que solicitan aceptar la querella presentada por el equipo jurídico de la Mesa Nacional Frente a la Minería.

La carta, subraya la importancia de “investigar la responsabilidad penal y civil” de la empresa minera Pacific Rim, que a juicio de las organizaciones internacionales “esta acostumbrada a traer conflictividad a las comunidades”.

La carta, entregada a las autoridades y a miembros de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), PNC, Ministro de Medio Ambiente se une a la preocupación expresada por el congresista estadounidense James McGover, sobre la impunidad en el caso de Marcelo Rivera.
http://www.diariocolatino.com/es/20100203/nacionales/76436/

EL SALVADOR: Activistas asesinados

Edgardo Ayala

Entre junio y diciembre del 2009 fueron asesinados en el central departamento salvadoreño de Cabañas tres defensores del medio ambiente muy críticos de la minería metálica. Según denuncian ambientalistas y pobladores de la zona, el móvil de los crímenes pudiera estar relacionado precisamente con su oposición a esa actividad.
Desde que la empresa Pacific Rim El Salvador, subsidiaria de la corporación canadiense Pacific Rim Mining, inició en el 2002 labores de exploración minera en la mina El Dorado, 65 km al noreste de San Salvador, en Cabañas, organizaciones ambientalistas, religiosas y de derechos humanos, así como pobladores de la zona mantienen una campaña constante contra las actividades de la compañía por considerar que la minería metálica acarrea consecuencias negativas para la salud y para el medio ambiente, debido al uso de cianuro en el proceso.
Aunque la empresa no ha suspendido sus operaciones, el permiso de explotación de oro y plata le fue negado por las autoridades en diciembre del 2008, debido precisamente al rechazo que esa industria generaba en la población y que, en medio de una campaña electoral, motivó al entonces presidente Antonio Saca, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a negar tal permiso.
Ante la negativa gubernamental, la compañía inició en diciembre del 2008 un proceso de arbitraje comercial amparándose en las cláusulas del Tratado de Libre Comercio de América Central y República Dominicana con EEUU (TLCAC+RD), que protegen las inversiones extranjeras. Exige el pago de US$70 millones en compensación por pérdidas sufridas al haber invertido ese dinero y no obtener el permiso. El arbitraje es administrado en Washington por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), afiliado al Banco Mundial.
Las víctimas
La primera víctima fue Marcelo Rivera Moreno, de 37 años, miembro de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC) y uno de los principales activistas contra las operaciones de la Pacific Rim en la zona. Fue encontrado muerto el 30 de junio del 2009 dentro de un pozo tras permanecer desaparecido durante 12 días.
Rivera Moreno pertenecía también a la estructura local en San Isidro del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que en su momento pidió una exhaustiva investigación del crimen.
En tanto, Ramiro Rivera Gómez (sin parentesco con Rivera Moreno), de 53 años, del Comité Ambiental de Cabañas (CAC), fue asesinado el 20 de diciembre pasado cuando viajaba en su camioneta por un camino rural del cantón Trinidad, jurisdicción de Sensuntepeque, Cabañas. Sujetos armados le salieron al paso y le dispararon con fusiles M-16.
Rivera Gómez ya había sufrido un intento de homicidio el 7 de agosto del 2009, por lo cual tenía protección policial. Pero los dos agentes que lo acompañaban fueron superados por el poder de fuego de los fusiles de asalto.
La tercera víctima fue Dora Alicia Sorto, de 32 años, y también integrante del CAC. Fue acribillada el 26 de diciembre, también en Trinidad, cuando venía de lavar ropa de un riachuelo y fue interceptada por sujetos que le dispararon con el mismo tipo de fusil. Sorto tenía ocho meses de embarazo, y resultó herido su hijo de dos años que la acompañaba.
Ambientalistas y pobladores de la zona donde opera la compañía canadiense sostienen que detrás de esos asesinatos se encuentra la transnacional, que estaría recurriendo a una campaña de terror para acallar las denuncias de los ambientalistas, aun cuando probar ese nexo les resulte de momento difícil.
"Esto ya llegó a los extremos, ya tenemos verdaderos mártires ambientales en Cabañas, y yo responsabilizo personalmente a la empresa Pacific Rim de las muertes", dijo a Noticias Aliadas Ricardo Navarro, director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), durante una vigilia celebrada el pasado 8 de enero en el cantón Trinidad en apoyo a los familiares de las víctimas.
"Ellos [Pacific Rim] son los responsables morales. A mí no me consta si el presidente de la compañía ordenó o no los asesinatos, pero sí me consta que ellos han venido aquí a querer sacar el oro y la plata, y son ellos los que han generado todo este clima de violencia", agregó Navarro, uno de los ambientalistas más destacados del país.
Navarro se refiere al hecho de que desde la llegada de la empresa canadiense se han producido asesinatos y brotes de violencia que no se reportaban en una zona comparativamente más tranquila que el resto del país, que vive una ola criminal de larga data. La cifra de homicidios de El Salvador alcanza los 52 por cada 100,000 habitantes, según datos policiales.
Móviles del crimen
Inicialmente, investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) consideraron que el móvil de los asesinatos pudo provenir de pleitos familiares en que habrían estado involucradas las víctimas. Esa versión es rechazada por ambientalistas que piensan que es un intento para desvincular los crímenes con la que debería ser la principal línea de investigación: la Pacific Rim.
No obstante, el subdirector de Operaciones de la PNC, Howard Cotto, aseguró a Noticias Aliadas que la Policía está abierta a todas las hipótesis, y no descarta ninguna línea de investigación, incluyendo la que apunte a la compañía canadiense.
"Si bien no podemos plantear en este momento que el móvil de todos los crímenes tenga que ver con la minería, ni que no tenga que ver, lo que sí es claro es que en todas las zonas donde la Pacific Rim empezó exploraciones mineras, se generaron niveles de conflicto bastante fuertes", señaló Cotto. "Pero no es correcto que nosotros, como institución, nos pronunciemos a favor de una posición u otra si no tenemos las pruebas todavía".
El presidente de Pacific Rim, Tom Shrake, en una entrevista telefónica concedida el 6 de enero pasado a Jesse Freeston, periodista del informativo por Internet The Real News Network, negó cualquier vínculo entre los crímenes con la compañía que preside.
"Existe una lluvia continua de declaraciones que conectan estos asesinatos con Pacific Rim, y no existe absolutamente ninguna prueba, pero las declaraciones continúan", afirmó.
"Yo no creo que las muertes en el área de Trinidad tengan que ver con la minería", acotó. "Esa gente ya había tenido sus pleitos desde mucho antes de que llegáramos nosotros".
La fiebre del oro
El libro "El lado oscuro del oro, impacto de la minería en El Salvador", escrito por Florian Erzinger, Luis González y Ángel M. Ibarra, y publicado en diciembre del 2008, señala que América Central está padeciendo una "nueva fiebre del oro" con la excepcional subida de hasta los $1,000 por onza de oro.
En el caso salvadoreño, alrededor de 29 proyectos de exploración minera se han aprobado desde el 2006, y de esos, 25 pretendían iniciar labores de extracción a cargo de 11 empresas mineras transnacionales. Pero los proyectos han quedado en suspenso a partir de la negativa oficial dada a Pacific Rim.
El nuevo gobierno de Mauricio Funes, que llegó al poder el 1 de junio pasado de la mano del izquierdista FMLN, tampoco está dispuesto a otorgar tales permisos.
El total de onzas de oro a extraer en esos 25 proyectos mineros alcanzaría los 12 millones, más 78 millones de onzas de plata, según el libro. En el proceso se utilizarían hasta 160 millones de litros de agua, y se aplicarían unas 950 TM de cianuro, un tóxico mortal.
La Pacific Rim extraería de la mina El Dorado 1.4 millones de onzas de oro, señalan los autores del libro, y calculan las ganancias totales que en conjunto generarían los 25 proyectos: $10 millardos.
—Noticias Aliadas. San Salvador


http://www.alainet.org/active/35969〈=es

miércoles, 3 de febrero de 2010

CISPES apoya a defensor de derechos humanos frente a amenazas de muerte


Actualización de CISPES

2 febrero, 2010

Esta actualización incluye:

El Comité en Solidaridad con El Pueblo de El Salvador quisiera expresar nuestra solidaridad genuina con el Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador, Oscar Luna, quien el 21 de enero anunció que él y su familia han recibido amenazas de muerte. Luna declaró que las amenazas que ha recibido han sido en nombre de supuestos grupos de exterminación, demandándole que salga del país en 48 horas para que no “obstruye el trabajo de la limpieza social” que intentan realizar contra la “delincuencia.” La reemergencia de grupos de “limpieza social” fue denunciada por la Procuradora anterior, Beatrice de Carrillo, en el 2006.

Oscar Luna ha abogado vocalmente por los derechos humanos en El Salvador. Defendió los 13 activistas que protestaban contra la privatización del agua en Suchitoto y quiénes fueron juzgados bajo la ley contra-terrorista. En el pasado, Luna también denunció el fraude electoral cometido por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) durante las elecciones de 2009. Más recientemente, presionó a la oficina de la Fiscalía para que investiguen a los autores intelectuales de los homicidios de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, y Dora Alicia Sorto Recinos, y movilizó su oficina para proteger a activistas ambientales en Cabañas. (Declaración sobre las muertes por La Mesa Nacional contra la Minería Metálica.) Luna ha decidido no dejar su posición, ni salir del país. Al contrario, Luna ha llamado a la Fiscalía y a los líderes de la Policía Nacional Civil (PNC) que investiguen y que provengan la protección adicional para el y su familia.

En el 16 de enero, El Salvador celebró el 18º aniversario de los Acuerdos de Paz, cuando formalmente se desmanteló el aparato de represión del gobierno. Sin embargo, la reemergencia de posibles grupos similares a los escuadrones de muerte, tanto como las continuadas amenazas de muerte y los asesinatos de activistas del movimiento social, lideres del partido FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y los defensores de derechos humanos, representan un regreso aterrador en la lucha para la democracia real. CISPES se declara en solidaridad con el Señor Luna en defender su posición y continuar su trabajo importante de promover los derechos humanos en El Salvador, y llamamos a la Fiscalía y a la PNC que hagan todo en su poder para proteger al Señor Luna y a todos los demás que están en la lucha para la justicia en El Salvador.

Presidente Funes declara: ¡No a la minería en El Salvador!

El lunes 11 de enero, en Sensuntepeque, Cabañas, Presidente Mauricio Funes respondió a una carta que le presentó la Mesa Nacional Contra la Minería Metálica en El Salvador (La Mesa). Funes declaró, “aquí no hay ninguna confusión, mi gobierno no va a autorizar ningún proyecto de explotación minera…tampoco vamos a permitir que exista una sistemática de desapariciones y amenazas contra miembros del movimiento ambientalista.” Durante sus comentarios, el presidente reiteró su compromiso a prohibir la minería en El Salvador, insistiendo que “nadie nos ha convencido de que hay formas de extraer minerales, especialmente metales, sin que se contamine el medioambiente y se afecte la salud de la población.” Lee más de los comentarios de Funes.

La carta que le presentó la Mesa fue firmada por más que 500 individuos y organizaciones, cuales estuvieron presentes para la vigilia del 8 de enero que se organizó para los cuatro activistas ambientalistas asesinados en Cabañas (lea el artículo que sigue). En la carta, demandaron una investigación completa sobre los autores intelectuales de los asesinatos, la protección garantizada para los activistas comunitarios que todavía reciben amenazas de muerte, y el compromiso del gobierno de prohibir la minería metálica en El Salvador. Estas declaraciones fuertes por el Presidente se consideran el resultado de una serie de tácticas de presión organizada por la Mesa para ganar el apoyo de la administración en su la lucha contra la minería.

El Presidente, quien había asumido una posición contra la minería durante su campaña pero no había abordado el asunto recientemente, dijo que había ordenado al ministro de Justicia y Seguridad tanto como al director de la PNC que investiguen estos asesinatos. La Mesa expresó su satisfacción con las declaraciones de Funes, e insistieron en que continúe promoviendo activamente una legislación para prohibir la minería metálica en la asamblea legislativa y que enfrente firmemente las demandas de Pacific Rim y Commerce Group contra el gobierno de El Salvador por las alegadas violaciones de CAFTA.

Vigilia honra los “mártires contra la minería”

El viernes, 8 de enero, la comunidad de Trinidad en el departamento de Cabañas tuvo una vigilia para honrar las vidas de los cuatro activistas contra la minería asesinados en el 2009. Un estimado de 600 personas, incluyendo miembros de la comunidad, partidarios de todas partes del país, y delegados internacionales se juntaron para denunciar públicamente los homicidios, demandar justicia para las victimas y sus familiares, y mostrar su apoyo, espíritu, y seguridad a la comunidad de Trinidad. La vigilia – la cual duro hasta el amanecer del 9 de enero - incluyó un servicio ecuménico, música, y declaraciones de solidaridad de varias organizaciones nacionales e internacionales. La gente estalló periódicamente con cantos de “¿Que quiere Cabañas?... ¡Justicia!” y “¡Pacific Rim fuera de Cabañas!”

Hasta hoy, el Fiscal General, quien es miembro del partido derechista ARENA, ha dicho que los homicidios son resulto de “crimen común,” negándose a investigar los motivos políticos y a los autores intelectuales de los asesinatos. Los miembros del movimiento local contra la minería, quienes se han organizado contra los proyectos de minería de Pacific Rim desde el 2005, han señalado a esta empresa de minería de oro como clave en estas investigaciones. Sin embargo, otros oficiales importantes dentro del gobierno, incluyendo el Procurador de los Derechos Humanos Oscar Luna, han llamado para una investigación profunda sobre la naturaleza política de estos supuestos asesinatos sistemáticos de líderes del movimiento contra la minería.

Gobierno pide disculpas por violencia en el aniversario de los acuerdos de paz

El 16 de enero se cumplió el 18º aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que terminaron 12 años de guerra civil en El Salvador. Los Acuerdos, firmados en 1992, incluyeron una serie de contratos y reformas para empezar el proceso de democratización. También disolvieron muchas de las fuerzas represivas de la seguridad del gobierno y formalizaron que el FMLN se convirtiera en un partido político legal.

Este año, por la primera vez desde el fin de la guerra civil, el Presidente de El Salvador pidió disculpas públicamente por parte del gobierno por los crímenes cometidos por el estado durante la guerra. El Presidente Funes reconoció que los agentes del gobierno cometieron “masacres, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, privaciones arbitrarias de libertad y diferentes actos de represión” contra la sociedad civil. Funes declaró que esta oración pública es el primer paso hacia mitigar el dolor y sanar las heridas emocionales y sociales dejadas por la guerra.

Durante su campaña presidencial, Funes se comprometió trabajar hacia la implementación total de los Acuerdos de Paz, incluyendo las reparaciones del gobierno por abusos de derechos humanos. Desde que asumió el mandato, Presidente Funes ha tomado pasos concretos hacia cumplir con esta promesa de honrar los mártires de los sacerdotes jesuitas y el Monseñor Romero, los cuales se cree que fueron asesinados por fuerzas de seguridad del gobierno y los escuadrones de la muerte. La administración también ha creado la Comisión para los desaparecidos para encontrar a los hijos e hijas que fueron separados de sus familias durante el conflicto armado.

El FMLN también organizó un evento público conmemorando los Acuerdos de Paz, dirigido por el Vicepresidente Salvador Sanchez Cerén. El Vicepresidente pidió disculpas por parte del FMLN por las victimas del conflicto armado, como los ha hecho el partido desde el 1992. En su oración, Sanchez Cerén reconoció los avances democráticos importantes que ha cumplido El Salvador desde el 1992, pero también reconoció que todavía hay mucho trabajo importante que hacer, y reiteró el compromiso del partido de crear una democracia verdaderamente participativa.

Solidaridad con Haití

Después del terremoto devastador que ocurrió en Haití el 12 de enero, la administración de Funes y el FMLN declararon su solidaridad con el pueblo de Haití. Funes mandó un equipo de bomberos para provenir apoyo en las misiones de búsqueda y rescate, y espera anunciar pronto la asistencia que proveerá para esfuerzos de reconstrucción. El FMLN reconoció el rol que tiene el pueblo de Haití en la historia, como el único país que venció la esclavitud para formar su propia nación. El partido declaró, “No dudamos que esta misma fortaleza sea la que los lleve a superar esta tragedia, y sentar una fundación para una sociedad en la cual el desarrollo humano y la paz sean una realidad.” El FMLN está coordinando una colecta de donaciones para Haití y ha llamado a sus militantes por todo el mundo que demuestren el valor de la solidaridad internacional en mandar fondos y apoyo material al pueblo Haitiano.

lunes, 1 de febrero de 2010

Los obispos salvadoreños temen contaminación por la explotación minera en Guatemala

Por Agencia EFE

San Salvador, 31 ene (EFE).- Los obispos de El Salvador expresaron hoy su temor por la posibilidad de que la explotación de la mina Cerro Blanco, en Guatemala, contamine el río Lempa, la principal fuente de agua del país.

"Hemos señalado siempre la inconveniencia de la explotación minera de oro y plata en nuestro país por el grave daño que significa al medio ambiente, a la salud y a la vida misma de las personas", dijo la Conferencia Episcopal de El Salvador en un comunicado leído hoy a la prensa por el arzobispo de San Salvador, Jose Luis Escobar Alas.

"Los salvadoreños tenemos el triste ejemplo de Guatemala y Honduras en donde la explotación de varias minas ha hecho destrozos de la naturaleza y de hecho nos amenaza también a nosotros", expresaron.

En especial los religiosos dijeron estar preocupados "por el peligro de la contaminación del río Lempa" debido a los futuros trabajos de explotación de oro y plata en la mina Cerro Blanco, situada en la zona fronteriza de Guatemala con El Salvador.

Escobar Alas manifestó que este proyecto, operado por la empresa canadiense Goldcorp en el departamento de Jutiapa "ya cuenta con el permiso de explotación del Gobierno de Guatemala".

El prelado explicó que la mina está próxima al lago de Güija, que comparten los dos países en su frontera, lo que "constituye una gran amenaza de contaminación" de esta fuente hídrica.

Sin embargo, la principal preocupación de los obispos católicos salvadoreños es la contaminación del río Guajoyo, que sirve de desagüe para el lago, y que desemboca en el Lempa, de donde se extrae "el agua que bebe la gran mayoría de los salvadoreños".

"Pedimos a nuestro Gobierno interponer sus mejores oficios ante el Gobierno de la hermana república de Guatemala para que se detenga el proceso de explotación de la mencionada mina", dijeron los obispos en el pronunciamiento.
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iENGr41M_HC9MSW39KLPIG3LesgA

lunes, 18 de enero de 2010

EL SALVADOR: Activistas vinculan asesinatos con minería

Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR, ene (IPS) - Ambientalistas de El Salvador no dudan en apuntar su dedo acusador contra los responsables de una mina manejada por una firma transnacional canadiense, a la hora de señalar a quienes están detrás del asesinato de tres activistas contra la minería de oro y plata en el centro del país.

Los tres crímenes se cometieron entre junio y diciembre de 2009 en el central departamento de Cabañas, donde la empresa Pacific Rim El Salvador, subsidiaria de la canadiense Pacific Rim Mining Corp (PacRim), realiza actividades de exploración de yacimientos de esos metales desde 2002.

Las autoridades salvadoreñas negaron en 2008 a esa empresa el permiso de explotación de la mina El Dorado, situada a 65 kilómetros al noreste de la capital, tras una campaña masiva contra la actividad minera, a la que se sumaron organizaciones, autoridades, pobladores y hasta la jerarquía de la Iglesia Católica salvadoreña.

PacRim ha demandado al Estado por 700 millones de dólares, como consecuencia de esta decisión.

El primer activista en ser asesinado fue Marcelo Rivera, de 37 años, miembro de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas y uno de los líderes de la oposición a las operaciones de PacRim en la zona. Su cadáver fue hallado dentro de un pozo el 30 de junio.

La segunda víctima fue Ramiro Rivera (sin relación familiar con el anterior), del Comité Ambiental de Cabañas, asesinado el 20 de diciembre con fusiles M-16, en la población de LaTrinidad, dentro del municipio de Sensutepeque, la capital del departamento.

Seis días después en la misma población y con el mismo tipo de arma fue asesinada Dora Alicia Sorto, de 32 años e integrante también del Comité. Sorto estaba embarazada de ocho meses y regresaba a su casa de lavar ropa en un riachuelo vecino, cuando sus asesinos la interceptaron. Hirieron, además, al hijo de 2 años que la acompañaba.

Héctor Berríos, abogado y miembro de la Mesa Nacional Frente la Minería Metálica, afirmó que la motivación de los asesinatos está claramente conectada a la actividad que ellos desarrollaban contra la minería en general y contra la PacRim en particular.

"Lo que hay que preguntarse es quiénes salen beneficiados con esta campaña de terror" contra los opositores a la minería, dijo Berríos a IPS. Pero admitió que es muy difícil establecer el alegado vínculo entre los asesinatos y la transnacional.

PacRim emitió un comunicado el 4 de enero desde su sede central en la ciudad canadiense de Vancouver, en que "negó inequívocamente las acusaciones" de grupos ambientalistas salvadoreños que la vinculan con los asesinatos en La Trinidad, las calificó de injustas y negó que haya pruebas que conecten las muertes con la minería.

La empresa se hizo eco de versiones de sectores de la prensa salvadoreña que conectan los "trágicos incidentes" con "una disputa de vieja data entre dos familias locales", y demandó a todas las partes a confiar en que la justicia esclarezca los hechos.

A Ramiro Rivera ya lo habían intentado asesinar el 7 de agosto, tras lo cual la policía pasó a protegerlo. Pero cuatro meses después los agentes que lo acompañaban nada pudieron hacer con sus armas cortas, frente a los fusiles M-16 con los que varios sujetos le dispararon.

Berríos aseguró que la estrategia de atemorizar a los que protestan contra la minería de metales es un patrón que las transnacionales del sector utilizan en otros países de América Latina y el mundo, aunque no brindó ejemplos.

"Pero la violencia no va a detener esta lucha en la que estamos por proteger al medio ambiente y la salud de las personas", dijo.

En tanto, Miguel Ángel Rivera, hermano de Marcelo Rivera y miembro también de su asociación, dijo que los asesinatos han sembrado miedo en algunos de los miembros del movimiento contra la minería, pero que él seguirá pese al miedo que siente por su hija y su esposa.

"Cuando mi niña de ocho años se va a la escuela pienso en qué tan segura estará ella", relató a IPS. "Por las noches, cualquier carro (vehículo) que pase haciendo ruido, me hace pensar lo peor", añadió durante una vigilia realizada en La Trinidad para levantar el ánimo de la comunidad y de los ambientalistas tras los dos asesinatos de diciembre.

Rivera dijo que su decisión de proseguir es porque "sabemos que estamos en el lado correcto". Además, para él abandonar ahora la lucha contra la minería sería como si toda la labor de su hermano "hubiera sido en vano".

La estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos criticó a fines de diciembre a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General (acusación pública), al calificar como "negligente" su investigación sobre las muertes de los ambientalistas.

Howard Cotto, subdirector de la policía, dijo a IPS que la acusación era inaceptable. "Negligencia sería no investigar o descartar líneas de investigación, pero ese no es el caso", señaló. Agregó que la investigación sigue su curso y no se puede poner fecha al esclarecimiento de los crímenes, que puede suceder en "días, semanas o meses".

Precisó que la policía no puede, sin pruebas, afirmar que hay un nexo entre los asesinatos y las protestas contra la minería. Pero esa es una de las hipótesis que se maneja.

Lo que sí confirmó es que los dos homicidios de diciembre en Trinidad fueron ejecutados por sicarios, con armas de grueso calibre. Pero no se sabe quiénes son los autores intelectuales que contrataron a los asesinos materiales.

En el caso de Marcelo Rivera ya hay cuatro autores materiales detenidos, contra los que se iniciará un juicio en febrero. Pero tampoco se conoce a los inductores.

Desde que la PacRim comenzó su proyecto de exploración en El Dorado, organizaciones ambientalistas, religiosas y pobladores de la zona mantienen una campaña constante contra las actividades de la compañía, por considerar que la minería de metales acarrea consecuencias negativas para la salud y para el medio ambiente.

El libro "El lado oscuro del oro, impacto de la minería en El Salvador", escrito por Florian Erzinger, Luis González y Ángel M. Ibarra, y publicado en diciembre del 2008, señala que América Central padece una "nueva fiebre del oro" con la excepcional subida de hasta los 1.000 dólares por cada onza del metal.

En el caso salvadoreño, desde 2006 se aprobaron 29 proyectos exploratorios y las 11 empresas mineras extranjeras que los controlan demandaron ya en 25 casos permisos de explotación.

Pero, en los hechos, la negativa al permiso de actividades PacRim supuso la paralización de todos los demandados posteriormente.

El gobierno de Elías Antonio Saca (2005-2009), de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), vio inicialmente con buenos ojos la llegada de empresas e inversiones para explotar las riquezas mineras del país, el más pequeño de América Central y el único del área sin costas al océano Atlántico, aunque sí al Pacífico.

Pero retrocedió a la hora de otorgar los permisos de extracción, debido a la fuerza y extensión de la oposición a la actividad, en momentos que el país vivía una campaña electoral, que finalmente Arena perdió en marzo de 2009, ante al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Desde que el ganador de la contienda, Mauricio Funes, asumió la presidencia el 1 de junio ha insistido en que no va a aprobar esos permisos.

"Aquí no hay donde perderse, mi gobierno no va a autorizar ningún proyecto de explotación minera", aseguró Funes el día 11 al inaugurar el año escolar en Sesuntepeque, al mismo tiempo que aseguró que "vamos a aclarar" los asesinatos de los ambientalistas, cuya tarea elogió.

El libro sobre el impacto de la minería, asegura que en total los 25 proyectos que solicitan iniciar la actividad proyectan extraer unos 12 millones de onzas de oro y 78 de plata. En el proceso se utilizarían unos 22 millones de litros de agua, y se aplicarían unas 950 toneladas de cianuro, un tóxico considerado mortal.

Es precisamente el impacto sobre las fuentes de agua que ya se hizo visible desde que comenzaron las exploraciones y el efecto sobre la salud del uso del cianuro y otros tóxicos, lo que llevó a las comunidades de las zonas mineras a movilizarse contra la llegada de la minería.

En total, los autores aseguran que la explotación aurífera generaría en los 25 proyectos ganancias globales por unos 10.000 millones de dólares, mientras que precisan que ya en la fase exploratoria PacRim extrajo 1,4 millones de onzas de oro. (FIN/2010)
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94432

sábado, 16 de enero de 2010

Universidad Luterana Salvadoreña se solidariza con Resistencia Minera de Cabañas

Por Carlos Molina.

Observador Juvenil/Kaos en la Red.

Luego del cruel asesinato de un líder y de una lideresa -embarazada- que conmovió al país previo al final del año recién pasado. El sábado 9 de enero se llevó a cabo una vigilia para conmemorar a los 3 líderes que han sido brutalmente asesinados, producto de la férrea lucha en contra de la explotación minera que las comunidades han desarrollado exitosamente.

La Universidad Luterana Salvadoreña se ha solidarizado con el deceso de tan importantes lideres, exige justicia igual que los familiares y hace un llamado al gobierno para que de una vez por todas asuma un papel protagonista en defensa de la vida, y en contra de este proyecto minero que las comunidades han señalado es un “proyecto de muerte”, ampliamente demostrado por las Organizaciones Civiles mediante estudios científicos, y para que promueva la aprobación de una ley de minería que claramente exprese la negativa a la exploración y exploración minera.

La ULS acompaña la lucha de las comunidades en torno a este tema, es por ello que una pequeña delegación se hizo presente hasta el Cantón La Trinidad, Jurisdicción de Ilobasco; lugar donde sucedieron las últimos asesinatos de los líderes y lideresas.

http://mundoecologia.portalmundos.com/universidad-luterana-salvadorena-se-solidariza-con-resistencia-minera-de-cabanas/

Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!