Publicado el: 21/08/2010 | El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador decretó la emergencia ambiental en una zona al noroeste de San Salvador, alrededor de una antigua fábrica de baterías, cerrada en 2007 por la contaminación de plomo que ocasionó.
"Hemos tomado una decisión que es declarar el estado de emergencia ambiental; esto nunca se había hecho en el país", dijo el ministro salvadoreño de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez, en una rueda de prensa, al anunciar un decreto de su cartera para adoptar medidas de mitigación.
Detalló que la zona en la que regirá la emergencia hay cerca de 700 viviendas y una población calculada en 4.000 habitantes.
La emergencia, que estará en vigor seis meses y podrá ser prorrogada, afecta a un "área comprendida dentro del radio de 1.500 metros a partir de las instalaciones de donde funcionó, hasta el año 2007, la planta de fabricación y reciclaje de baterías ácido plomo de la Sociedad de Baterías de El Salvador", detalló el decreto.
La empresa, que elaboraba la marca de baterías para automóviles Récord, operaba en un poblado rural de la ciudad de San Juan Opico (43 kilómetros al noroeste de San Salvador).
Rosa Chávez explicó que en pruebas efectuadas recientemente junto a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), se detectó que en algunos lugares había niveles de 30.000 y 40.000 partes de plomo por millón de partículas, cuando la norma establece como límite 400 partes por millón de partículas.
"Lo que estamos diciendo es que, aunque la fábrica se cerró hace algunos años, la contaminación sigue ahí", explicó el ministro a Efe.
El decreto prevé, entre otras medidas, el sellado con asfalto de las calles y caminos cercanos a la fábrica, el acordonamiento en unos 200 metros alrededor de esas instalaciones, restricción de acceso y uso de las zonas donde se detecten concentraciones de plomo que representen un peligro para la salud.
Además, el cierre de pozos artesanales donde las concentraciones de plomo superen el límite máximo permitido, así como la calificación de inhabitabilidad de las viviendas contaminadas, aunque de momento solamente se ha determinado esa situación en una casa del poblado rural Sitio del Niño, donde funcionaba la empresa.
Los lugareños han denunciado que la contaminación ocasionada por la fábrica, que fue cerrada por no contar con permisos legales de funcionamiento, puede alcanzar un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35.000 personas.
La fiscalía salvadoreña presentó en febrero de 2008 una acusación ante un juzgado en contra de tres directivos y tres empleados de la empresa Baterías de El Salvador por el delito de contaminación ambiental.
En marzo de ese año, el juez de paz del municipio occidental de San Juan Opico, Rafael Menéndez, pidió la detención de los directivos Ronald Lacayo Argüello, Sandra Lacayo de Escapini y Ofilio Gurdián Lacayo y el embargo de 141 millones de dólares.
Fuentes judiciales explicaron a Efe que el caso pasó a la fase de instrucción, en la que el juez ordenó el inicio de un juicio por considerar que existe suficientes elementos de prueba contra los imputados.
Aclararon que los tres directivos imputados están prófugos y los tres empleados con medidas cautelares se presentan regularmente al juzgado.
La próxima vista en este caso será el 23 de agosto de este año. (EFE)
