jueves, 30 de junio de 2011

CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en El Salvador.

26 de junio de 2011
Comunicado de Prensa 62/11: CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en El Salvador.

Washington, D.C., 24 de junio de 2011 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en El Salvador del defensor de derechos humanos Juan Francisco Durán Ayala, quien era activista del Comité Ambiental de Cabañas para la Defensa del Agua y los Recursos Naturales (CAC), organización que realiza actividades de defensa del medio ambiente frente a los impactos de la explotación minera en la zona de El Dorado, en San Isidro Cabañas. La CIDH insta al Estado salvadoreño a investigar este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Según la información recibida por la CIDH, el 2 de junio de 2011 Juan Francisco Durán Ayala habría colocado afiches y pancartas pidiendo la aprobación de una ley contra la minería y exigiendo la salida de una compañía minera en Cabañas. Al día siguiente, Juan Francisco Durán habría sido visto con vida por última vez cuando salió de su casa para tomar clases en la Universidad Tecnológica de San Salvador. La información recibida indica que el cuerpo sin vida de Juan Francisco Durán fue encontrado con dos disparos en la cabeza en la municipalidad de Soyapango, el 4 de junio.

La CIDH destaca que el asesinato de Juan Francisco Durán es el cuarto del cual la CIDH ha sido informada en los últimos dos años en contra de defensores y defensoras que se han opuesto a las actividades de minería en Cabañas. Al respecto, de acuerdo a la información presentada a la Comisión en su 140 período de sesiones, Marcelo Rivera Moreno, miembro de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC) y activista contra las operaciones de la mina El Dorado, habría sido encontrado muerto en un pozo el 30 de junio de 2009 tras haber estado desaparecido durante 12 días; Ramiro Rivera Gómez, miembro del CAC, habría sido asesinado el 20 de diciembre de 2009 cuando viajaba en una camioneta por un camino rural del cantón Trinidad; y Dora Alicia Sorto, también integrante del CAC, habría sido asesinada por arma de fuego el 26 de diciembre de 2009.



La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Asimismo, la Comisión insta al Estado de El Salvador a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad las defensoras y defensores del derecho al medio ambiente en el país.

En los últimos años, la defensa del medio ambiente y su relación con los derechos humanos son temas que están cada vez más presentes en el trabajo de la CIDH y en las solicitudes y peticiones que se presentan a la Comisión. Mientras tanto, la CIDH está recibiendo cada vez más denuncias sobre asesinatos, amenazas y hostigamientos contra los defensores y las defensoras que trabajan en este campo. La CIDH reitera que labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. Como anteriormente lo ha señalado la Comisión, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Enlace Util: Video de la audiencia de la CIDH, “Riesgo para defensores y defensoras ambientales en Mesoamérica”, celebrada durante el 140 período de sesiones, el 25 de octubre de 2010.

http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2010/10/102510_v2.wmv

Maria-Isabel Rivero
Directora de Prensa y Difusión
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

SEPULTAN EN EL SALVADOR A ACTIVISTA AMBIENTAL ASESINADO

San Salvador, 26 jun (PL) El cadáver del joven defensor del medio ambiente Juan Francisco Durán Ayala, cuarto activista asesinado desde 2009, fue sepultado en la ciudad de Ilobasco, del departamento salvadoreño de Cabañas.

La inhumación tuvo lugar la víspera en medio de una manifestación de las organizaciones opuestas a las actividades de las transnacionales mineras en esa demarcación, en la zona norte del país.

Durán Ayala, un estudiante universitario de 25 años, fue dado por desaparecido y tras una intensa búsqueda, la familia logró localizar su cuerpo en una fosa común de un cementerio capitalino la semana recién concluida.

En declaraciones a la prensa en Ilobasco, 54 kilómetros al noreste de San Salvador, el padre de la víctima, José Benjamín, recordó que su hijo era miembro del Comité Ambiental de Cabañas.

Yo no puedo señalar a nadie, lo que sí nos parece raro es que esto pasara un día después de que él anduvo pegando afiches contra la minería y el alcalde (de Ilobasco), afirmó, citado por el diario La Prensa Gráfica.

El primer activista asesinado fue Marcelo Rivera, el 19 de junio de 2009. En diciembre de ese año fue ultimado Ramiro Rivera y el 27 de ese mes, Dora Sorto, murió atacada a tiros por la espalda con ocho meses de embarazo y cuando llevaba en brazos a uno de sus hijos.

Las autoridades detuvieron y condenaron el año pasado a los autores materiales del primer crimen.

Organizaciones ambientalistas salvadoreñas y de Estados Unidos realizaron el viernes último una manifestación ante la Fiscalía General de la República para demandar que los asesinatos y persecuciones contra ambientalistas no queden impunes

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Campaña Nacional de Firmas por el NO a la Minería Química a Cielo Abierto
y la Minería Nuclear en todas sus formas

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a "cielo abierto" y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

  • Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.
  • Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del "Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno".
  • Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).
  • Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.
  • Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
  • Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
  • Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.
  • Reclamamos expresa "Licencia Social" y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

¡Sumá aquí tu firma a este reclamo!